Proteger el litoral
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Coincido con el presidente de la Xunta cuando afirma que la ley de medidas urgentes de protección del litoral de Galicia que su Gobierno presentará en el Parlamento el mes próximo es "una de las cuestiones más relevantes del futuro del país". Es obvio que no se puede seguir tolerando el urbanismo salvaje y la lepra inmobiliaria que han arrasado ya las mas hermosas riberas de nuestras rías.
Por los malos hábitos y la dejadez de los gobiernos del Partido Popular, heredero aquí del peor franquismo, el del "todo vale", un tercio de los municipios del litoral gallego triplicaron la edificación en los tres últimos años, y autorizaron en los últimos cinco la construcción de más de 120.000 viviendas. Si continuamos así, todas las orillas de Galicia yacerán pronto sepultadas bajo abominables pisos de hormigón. De ahí la urgencia de una ley que establezca una banda de protección del litoral de 500 metros.
Algunos timoratos, en el seno mismo del Gobierno bipartito, temen que, adoptada a escasos meses de las elecciones municipales, esta ley le pase factura en las urnas a la coalición gobernante. Hablan ya de posponer su adopción, o de reducir su alcance limitando a 200 metros, o incluso a 100 la anchura de la banda de proyección. Deben calmarse. La inmensa mayoría de los ciudadanos tiene la sensación de que todo el territorio, atacado de concierto por incendios, riadas y hormigón, se está degradando de manera dramática. Y sancionarán en las urnas con extrema severidad toda señal de retroceso -o de simple pasividad - del Gobierno en estos tres frentes.
Porque ha recibido una Galicia destrozada y arrollada por decenios de gestión irresponsable, la misión del Ejecutivo actual es, en su sentido literal, salvar el país. Y tal deber sagrado -que le ha confiado una mayoría de electores de Galicia- supone voluntad política. Y no medidas a medias, paños calientes y retrocesos.
Los especuladores inmobiliarios y los corruptos de la construcción, principales afectados por la futura ley de salvación de nuestras costas y verdaderos matadores del patrimonio territorial gallego, ya han puesto el grito en el cielo. Y movilizan sus redes de influencia y sus relevos mediáticos. Así, por ejemplo, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) no ha tardado en declarar que considera "no admisible" la propuesta de la Consellería de Política Territorial de la Xunta.
No sin cierto descaro, la organización empresarial pretende que siempre ha sido partidaria de una "ordenación razonable de la zona costera de Galicia", por tratarse de "un bien general", que ha de ser "preservado de posibles intervenciones que puedan dañar su entorno". Aunque se apresura a afirmar que "la defensa de la riqueza natural que configuran las costas no consiste sólo en adoptar medidas tan indiscriminadas como la anunciada", que podría provocar, según la CEG, "una seria distorsión del mercado" y "enturbiar múltiples proyectos empresariales".
Bienvenida sea la ley si consigue "enturbiar" algunos turbios negocios urbanísticos y si detiene por fin el asesinato de nuestro litoral. Los especuladores no deberían quejarse. En otras partes de Europa, existen leyes más severas. En el Connemara irlandés, por ejemplo, donde medidas mucho mas drásticas han permitido preservar la hermosura salvaje de uno de los territorios mas bellos de Europa. O en Córcega, donde no deja de parecer insólito descubrir bahías y playas de ensueño, bordeadas por inmensos bosques de pinos, perfectamente desprovistas de cualquier edificio.
Esa impresionante belleza natural del paisaje y de las costas esta protegida, no por una ley, sino por el Frente de liberación Nacional de Córcega (FLNC), que en ocasiones pone bombas contra edificios y proyectos turísticos con la excusa de pretender salvar el litoral. "Proteger la identidad geográfica de nuestro país es una prioridad", afirman los nacionalistas. Pero nosotros decimos que lo que valen son las leyes, no las bombas.
Coincido con el presidente de la Xunta cuando afirma que la ley de medidas urgentes de protección del litoral de Galicia que su Gobierno presentará en el Parlamento el mes próximo es "una de las cuestiones más relevantes del futuro del país". Es obvio que no se puede seguir tolerando el urbanismo salvaje y la lepra inmobiliaria que han arrasado ya las mas hermosas riberas de nuestras rías.
Por los malos hábitos y la dejadez de los gobiernos del Partido Popular, heredero aquí del peor franquismo, el del "todo vale", un tercio de los municipios del litoral gallego triplicaron la edificación en los tres últimos años, y autorizaron en los últimos cinco la construcción de más de 120.000 viviendas. Si continuamos así, todas las orillas de Galicia yacerán pronto sepultadas bajo abominables pisos de hormigón. De ahí la urgencia de una ley que establezca una banda de protección del litoral de 500 metros.
Algunos timoratos, en el seno mismo del Gobierno bipartito, temen que, adoptada a escasos meses de las elecciones municipales, esta ley le pase factura en las urnas a la coalición gobernante. Hablan ya de posponer su adopción, o de reducir su alcance limitando a 200 metros, o incluso a 100 la anchura de la banda de proyección. Deben calmarse. La inmensa mayoría de los ciudadanos tiene la sensación de que todo el territorio, atacado de concierto por incendios, riadas y hormigón, se está degradando de manera dramática. Y sancionarán en las urnas con extrema severidad toda señal de retroceso -o de simple pasividad - del Gobierno en estos tres frentes.
Porque ha recibido una Galicia destrozada y arrollada por decenios de gestión irresponsable, la misión del Ejecutivo actual es, en su sentido literal, salvar el país. Y tal deber sagrado -que le ha confiado una mayoría de electores de Galicia- supone voluntad política. Y no medidas a medias, paños calientes y retrocesos.
Los especuladores inmobiliarios y los corruptos de la construcción, principales afectados por la futura ley de salvación de nuestras costas y verdaderos matadores del patrimonio territorial gallego, ya han puesto el grito en el cielo. Y movilizan sus redes de influencia y sus relevos mediáticos. Así, por ejemplo, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) no ha tardado en declarar que considera "no admisible" la propuesta de la Consellería de Política Territorial de la Xunta.
No sin cierto descaro, la organización empresarial pretende que siempre ha sido partidaria de una "ordenación razonable de la zona costera de Galicia", por tratarse de "un bien general", que ha de ser "preservado de posibles intervenciones que puedan dañar su entorno". Aunque se apresura a afirmar que "la defensa de la riqueza natural que configuran las costas no consiste sólo en adoptar medidas tan indiscriminadas como la anunciada", que podría provocar, según la CEG, "una seria distorsión del mercado" y "enturbiar múltiples proyectos empresariales".
Bienvenida sea la ley si consigue "enturbiar" algunos turbios negocios urbanísticos y si detiene por fin el asesinato de nuestro litoral. Los especuladores no deberían quejarse. En otras partes de Europa, existen leyes más severas. En el Connemara irlandés, por ejemplo, donde medidas mucho mas drásticas han permitido preservar la hermosura salvaje de uno de los territorios mas bellos de Europa. O en Córcega, donde no deja de parecer insólito descubrir bahías y playas de ensueño, bordeadas por inmensos bosques de pinos, perfectamente desprovistas de cualquier edificio.
Esa impresionante belleza natural del paisaje y de las costas esta protegida, no por una ley, sino por el Frente de liberación Nacional de Córcega (FLNC), que en ocasiones pone bombas contra edificios y proyectos turísticos con la excusa de pretender salvar el litoral. "Proteger la identidad geográfica de nuestro país es una prioridad", afirman los nacionalistas. Pero nosotros decimos que lo que valen son las leyes, no las bombas.
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