venres, 11 de maio de 2007

NOVA LEI ESTATAL DO SOLO

Zapatero destaca que la ley del suelo acaba con la corrupción
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El Congreso aprueba la nueva normativa con la única oposición del PP
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El texto incrementa hasta el 30% la reserva de terreno destinado a vivienda protegida
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«Esta nueva ley de suelo aumenta el número de viviendas protegidas, conduce el crecimiento urbano, protege el patrimonio paisajístico y medioambiental de nuestras ciudades y pueblos, aumenta la transparencia para combatir radicalmente las irregularidades y la corrupción en el ámbito urbanístico». Con estas palabras, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, saludó el nacimiento de la nueva ley del suelo, que fue aprobada ayer en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos políticos, salvo el PP. La norma resulta un marco general de mínimos que deberán respetar todas las comunidades. En una intervención inesperada, el jefe del Ejecutivo puso fin a un año y medio de debate, siempre con la oposición del PP, que ha negado uno por uno todos los supuestos beneficios que han otorgado PSOE, IU y los nacionalistas a esta nueva regulación. Esta norma sustituye a la Ley del Régimen del Suelo de 1998. El texto entrará en vigor el próximo 1 de julio.
Entre las medidas más destacables aparece la figura del agente urbanizador, que actuará como intermediario entre la Administración y los propietarios a la hora de tramitar la urbanización de un terreno. Pero la ley presenta otras actuaciones también novedosas.
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Valoración de suelos
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Entre las medidas más polémicas, particularmente rechazada por los promotores, destaca el nuevo sistema de valoración del suelo, que considera sus características objetivas y el destino que tenga en ese momento, así como sus rendimientos de explotación. Por contra, excluye de la valoración sus expectativas de futuro, si bien permite ampliar el precio hasta un máximo del doble por factores objetivos, como la accesibilidad a núcleos de población. Según afirman los que se oponen a esta regulación, sólo servirá para abaratar las expropiaciones de los terrenos.
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Vivienda protegida
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El fomento de este tipo de residencia es otro de los ejes. A partir de julio, toda operación urbanística estará obligada a establecer una reserva de suelo del 30% (40% en Galicia), que se destinará a la construcción de viviendas de VPO. Actualmente, la legislación da libertad a las distintas Administraciones autonómicas para fijar sus cuotas de vivienda social. Además, establece un porcentaje de cesión del suelo a los ayuntamientos de entre el 5 y el 15% para las dotaciones municipales. También prohíbe vender o subastar terrenos públicos destinados a VPO por encima del valor máximo de repercusión de esos suelos para ese uso.
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Control urbanístico
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Con ánimo de disponer de mecanismos que sirvan para controlar el crecimiento de los municipios, esta norma establece la revisión de todas las actuaciones urbanísticas cuando conlleven, por sí mismas o en unión a las aprobadas en los últimos años, un incremento superior al 20% de la población o de la superficie de suelo urbanizado en el municipio.
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Corrupción
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La norma obliga a que las permutas de terrenos y los convenios urbanísticos pasen por los plenos de los ayuntamientos, o a que en toda recalificación o aumento de la edificabilidad se haga constar la identidad de los cinco propietarios anteriores de las parcelas. Asimismo, se exige el sometimiento obligatorio a información pública de los planes y convenios urbanísticos antes de su aprobación por los ayuntamientos. Incluso éstos deberán publicar en Internet y tener a disposición de los vecinos copias en papel de los planes vigentes. El nuevo marco exige que los concejales y directivos municipales declaren públicamente sus bienes y actividades.
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Defensa medioambiental
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En este plano, la ley del suelo hace hincapié en la especial protección de la que gozan los espacios naturales. Así, pone fin al principio que regía con la anterior norma de que todo el terreno es urbanizable, ya que esta filosofía acaba siendo una tentación para la especulación y para las irregularidades urbanísticas, según destacó el propio presidente del Gobierno en su intervención.
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Terrenos incendiados
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Los terrenos forestales incendiados se mantendrán en la situación de suelo rural a los efectos de esta ley y estarán destinados al uso forestal, al menos durante el plazo previsto en el artículo 50 de la ley de montes, con las excepciones en ella previstas. La administración forestal deberá comunicar al Registro de la Propiedad esta circunstancia.

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